El Acceso a la Información Pública en América Latina

 Este informe detalla el experimento, que consistió en presentar dos pedidos de acceso en trece países, coordinado por Chequeado, un sitio dedicado a la verificación del discurso público (fact checking) y el periodismo de datos en la Argentina, con la colaboración de la red de #LatamChequea, que conforman un grupo de medios de países latinoamericanos, y contó con el apoyo de Unesco. Los países que participaron son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Lo que se quería ver era cómo se implementaba en la práctica el derecho de acceso a la información y si los países mencionados contestaban o no. 

Los pedidos de acceso a la información fueron presentados en todos los países, durante la segunda mitad de junio de 2018 (excepto en Brasil, donde se presentaron el 2 de julio). Exigían información sencilla: uno solicitaba copia del recibo de sueldo del Presidente, es decir el documento oficial con el cual se paga el salario del Jefe de Estado, con los montos de sueldo bruto, los diferentes descuentos y el salario neto. La respuesta por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo puede ser vista de manera simbólica como un compromiso con la transparencia.

El otro exigía la cantidad de homicidios y el de femicidios (asesinatos de mujeres por razones de género, como en los casos de violación o de homicidio por parte de la pareja) ocurridos durante 2017 en cada país. Dado que en América Latina se produce el 33% de los homicidios, cuando sólo representa el 8% de la población mundial, la información sobre criminalidad es uno de los temas centrales. En ambos casos se trataba de información que los Estados deberían tener disponible, es decir que no tenía que ser producida específicamente para los pedidos, porque eso es algo que en general las leyes de acceso no exigen.

La obligación para los sujetos obligados en general consiste en entregar la información producida y no en generar nueva a partir de los pedidos. Las solicitudes fueron redactadas de la misma forma, salvo cuestiones de lenguaje local, y los solicitantes no se identificaron como periodistas ni se especificó por qué se pedía la información, ya que esto no es una exigencia legal, y el objetivo fue tener la experiencia más cercana a la que podría tener cualquier individuo.

En los pedidos de acceso a la información se solicitó copia del recibo de sueldo del Presidente, con precisiones de su salario bruto, los diferentes descuentos y el sueldo neto. Sólo cuatro de los trece Estados entregaron una copia del recibo de sueldo tal como se había pedido: Paraguay, El Salvador, México y República Dominicana. En otros casos, como el de Guatemala, no se entregó el recibo pero sí mandaron un documento muy detallado con los salarios, cada uno de los descuentos y el monto neto de varios meses. En los casos de la Argentina, Colombia y Uruguay, se entregaron documentos con la información, algunos menos detallada, y no la copia del recibo de sueldo. Es decir que el Estado produjo un nuevo documento para responder (algo que las leyes vigentes no le exigen), en lugar de entregar lo que ya tenía disponible. Hubo cinco países que en la respuesta dirigieron hacia portales de datos abiertos o sitios de transparencia institucional en los que figuran los salarios de las autoridades. Aunque siempre es positivo que esta información se encuentre disponible sin necesidad de solicitarla, estos Estados no respondieron el pedido que se había hecho de documentación. Fueron los casos de Brasil, Chile, Ecuador, Honduras (en cuyo caso el link no funciona) y Perú, donde además del link se envío un documento de pago de un bono al Presdiente, pero no del salario completo. de liquidación pero no del salario completo sino de un bono. Los tiempos de respuesta variaron mucho: fueron entre cuatro días en Colombia y 46 en el caso de la Argentina, aunque eso está dentro de los plazos legales cuando se tienen en cuenta las prórrogas que el Estado puede pedir (en el caso de Argentina, el plazo es de 15 días hábiles, más otros 15 días hábiles en caso de que se pida esa prórroga). En los casos de Perú y Ecuador, en cambio, si bien las respuestas fueron más rápidas excedieron los plazos establecidos en la ley.

El pedido de acceso a la información sobre cantidad de homicidios se hizo junto con el de cantidad de femicidios. En el caso de los homicidios se pidió el número total ocurrido durante 2017, la tasa que estos representaron en relación a la población y que los datos fueran discriminados por provincias o distrito subnacional según corresponda. En el caso de los femicidios, se solicitó el total ocurrido en cada país durante 2017. En ambos casos se precisó que la información fuera entregada en un formato abierto, como los documentos en csv, algo que varias leyes de la región establecen. Los pedidos sobre los homicidios fueron casi todos contestados, salvo el caso de Perú, en el que la autoridad respondió que aún no tenía los datos disponibles del último año, y el de Uruguay, en el que nunca se recibió una respuesta. Entre los países que contestaron, algunas respuestas redirigieron a sitios en los que se puede encontrar la información solicitada, la mayoría de ellos son sitios de datos abiertos y tenían efectivamente la información solicitada. El grado de detalle con el que se presentaron los datos varía mucho, desde el sitio de la Policía Nacional de Colombia, en el que se puede obtener un excel con el tipo de arma utilizada o la edad de la víctima, entre otras cosas, hasta el caso de la Argentina, donde sólo se puede consultar la cantidad de homicidios por año y provincia. En la mayoría de los países la información estaba en formato abierto o podía descargarse como excel, salvo casos como el Paraguay y Ecuador, donde la información estaba en un PDF, un formato cerrado con el que no se pueden reutilizar fácilmente los datos. Sin embargo, en pocos casos, como Argentina, México y Paraguay, las respuestas incluyeron las tasas de homicidios que habían sido solicitadas. Los tiempos de respuesta fueron también variados en este caso: fueron desde los cuatro días en el caso de la Argentina a 25 en el caso de Chile. En el caso de Perú, la respuesta estuvo por fuera del plazo legal.

En los casos de femicidios las respuestas fueron más mixtas. En muchos casos, como los de Paraguay, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, directamente no se dieron datos de femicidios, sino estadísticas de homicidios desagregados por sexo, lo cual no permite saber cuáles son los casos en los que el homicidio de una mujer fue un femicidio, es decir el asesinato de una mujer por razones de género. Es posible que las diferentes legislaciones de los países sobre la materia influyan en la disponibilidad de los datos, aunque ya muchos de los países tienen leyes específicas que penan los femicidios. En algunos casos sí se contestó con información detallada, como el caso de Chile. O el de Perú, que aunque dijo no tener datos de homicidios, si envío una tabla con los casos de femicidio por distrito desde 2009 hasta 2018. La respuesta del Estado argentino sólo fue sobre homicidios, sin dar siquiera detalle de los homicidios de mujeres ni precisiones de por qué no entregaban esa información. En el caso de Brasil la autoridad respondió que no tiene información centralizada sobre femicidios, por lo que debería solicitarse los datos a cada Estado.