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Las alternativas en las políticas de integración social
Resumen
En la Cumbre Social de Copenhague, la importancia que se otorgó a la "integración social" fue uno de los rasgos más innovadores de todo el encuentro, y quizá el proyecto para su paulatina realización sea la iniciativa más ambiciosa de todas las acordadas e incorporadas en la
Declaración Final y el Programa de Acción. La proclamación casi universal de la interacción social
en estos documentos formales de las Naciones Unidas representa un compromiso extraordinario de los dirigentes oficiales de la gran mayoría de seres humanos del planeta.
El punto central de este compromiso es el trabajo en aras de un orden social basado en el pleno cumplimiento de los derechos humanos para todos los miembros de la sociedad. Esto implica una forma de gobierno que asegure la participación efectiva e inclusiva con un espíritu democrático, y un clima general de tolerancia y respeto por la diversidad en todas sus formas, al tiempo que se defiende enérgicamente un compromiso con la igualdad, y la equidad, independientemente de la identidad cultural, étnica y religiosa.
El logro de Copenhague fue la creación de un consenso, en un foro global de tan alto nivel, para afinar la idea normativa de lo que constituye "una buena sociedad" en este momento de la historia de la humanidad. Los medios para poner en práctica esta idea se formularon de manera más bien ambigua en el Programa de Acción, y la tarea de su implantación se encomendó casi exclusivamente a los gobiernos estatales. Las únicas acciones internacionales propuestas fueron de carácter exhortatorio que estimulaban a los Estados a implícarse más a fondo para aceptar los compromisos de los tratados sobre derechos humanos, a facilitar atención y financiación a los refugiados, y a trabajar en cooperación con otros países en una actitud de igualdad y respeto mutuo.
Existe el peligro de que se descarte la integración social como base para las políticas por su excesiva vaguedad, e incluso por su carácter contradictorio. Al igual que con los derechos humanos internacionales proclamados originalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, reinaba un gran escepticismo inicial porque muchos de aquellos que adhirieron al marco en 1948 representaban a regímenes muy represivos, y porque la Declaración soslayaba por completo la cuestión de su aplicación. En cierto sentido, el resultado de esta comparación es estimulante porque ahora, más de cincuenta años después, se ha avanzado notablemente a nivel nacional e internacional hasta situar los derechos humanos en los programas de política global y porque se han mejorado progresivamente las perspectivas para implantar dichos derechos en numerosos contextos. Este progreso se debe en gran parte al activismo de la sociedad civil.
Una de las aportaciones que se pueden realizar dentro de los diversos foros del Sistema de las Naciones Unidas es dar relevancia y apoyo a la idea de "integración social", en parte ratificando su papel positivo e inspirador, y en parte promoviendo su profundización y posterior articulación, incluyendo la. definición de los "pasos futuros", sobre todo en contextos de diálogo intercultural. La evolución de esta idea animará a diversos movimientos y campañas a avanzar en la consecución de sus objetivos y a diseñar sus estrategias a partir del lenguaje y del contenido de la integración social. La amplia adhesión de Copenhague proporciona un fundamento intercultural para esta vía de progreso, sobre todo porque la terminología de la integración social está completamente desprovista de cargas ideológicas y no se identifica con un país o grupo cultural concreto. Por lo tanto, en este sentido, las diversas dimensiones de la integración social proporcionan un útil instrumento para la realización de lo que en otros lugares ha venido en llamarse "sistema de gobierno humano". (Falk. 1995; también, Comisión sobre Gobierno Mundial, 1995).
Al pensar en las alternativas políticas en materia de integración social para el futuro próximo seria útil esclarecer algunos de los obstáculos que persisten y, posteriormente, identificar tendencias alentadoras que contribuyan a superarlos o, al menos, a disminuir su impacto. En esta afirmación de la integración social como idea normativa hay implícita una vaguedad fundamental: se puede ver como una tendencia empírica, en lo referente a la elaboración y consecución de los derechos humanos; como una propuesta práctica, en la demanda de mayor asistencia a los refugiados, y como una expectativa utópica, tal como quedó expresada en el Programa al hacer referencia a la "necesidad urgente" de "eliminar la violencia en todas sus formas." En este artículo, donde abordamos las alternativas de las políticas, el tema se centrará sólo en las dos primeras dimensiones de la integración social, tal como la idea ha quedado recogida en los documentos de Copenhague.
También habrá que tratar el objetivo adicional de identificar las alternativas en las políticas para el "desarrollo social" como un factor limitante. Debido a la preponderancia del Estado en el ámbito del desarrollo social en la mayoría de regiones del mundo, el análisis deberá centrarse necesariamente en lo que pueden hacer los gobiernos nacionales. Al mismo tiempo, una característica de esta era de la globalización es hasta qué punto la difusión de ideas normativas, así como la resistencia a esta difusión, es un fenómeno global que ejerce una influencia desigual sobre los pueblos del mundo y sus dirigentes. Además, especialmente en Europa, pero también en otras regiones del mundo, las realidades culturales ejercen una influencia creciente en el clima normativo, que a su vez configura los programas de las políticas, incluyendo la asignación de recursos destinados a facilitar los aspectos materiales del desarrollo social.
El punto central de este compromiso es el trabajo en aras de un orden social basado en el pleno cumplimiento de los derechos humanos para todos los miembros de la sociedad. Esto implica una forma de gobierno que asegure la participación efectiva e inclusiva con un espíritu democrático, y un clima general de tolerancia y respeto por la diversidad en todas sus formas, al tiempo que se defiende enérgicamente un compromiso con la igualdad, y la equidad, independientemente de la identidad cultural, étnica y religiosa.
El logro de Copenhague fue la creación de un consenso, en un foro global de tan alto nivel, para afinar la idea normativa de lo que constituye "una buena sociedad" en este momento de la historia de la humanidad. Los medios para poner en práctica esta idea se formularon de manera más bien ambigua en el Programa de Acción, y la tarea de su implantación se encomendó casi exclusivamente a los gobiernos estatales. Las únicas acciones internacionales propuestas fueron de carácter exhortatorio que estimulaban a los Estados a implícarse más a fondo para aceptar los compromisos de los tratados sobre derechos humanos, a facilitar atención y financiación a los refugiados, y a trabajar en cooperación con otros países en una actitud de igualdad y respeto mutuo.
Existe el peligro de que se descarte la integración social como base para las políticas por su excesiva vaguedad, e incluso por su carácter contradictorio. Al igual que con los derechos humanos internacionales proclamados originalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, reinaba un gran escepticismo inicial porque muchos de aquellos que adhirieron al marco en 1948 representaban a regímenes muy represivos, y porque la Declaración soslayaba por completo la cuestión de su aplicación. En cierto sentido, el resultado de esta comparación es estimulante porque ahora, más de cincuenta años después, se ha avanzado notablemente a nivel nacional e internacional hasta situar los derechos humanos en los programas de política global y porque se han mejorado progresivamente las perspectivas para implantar dichos derechos en numerosos contextos. Este progreso se debe en gran parte al activismo de la sociedad civil.
Una de las aportaciones que se pueden realizar dentro de los diversos foros del Sistema de las Naciones Unidas es dar relevancia y apoyo a la idea de "integración social", en parte ratificando su papel positivo e inspirador, y en parte promoviendo su profundización y posterior articulación, incluyendo la. definición de los "pasos futuros", sobre todo en contextos de diálogo intercultural. La evolución de esta idea animará a diversos movimientos y campañas a avanzar en la consecución de sus objetivos y a diseñar sus estrategias a partir del lenguaje y del contenido de la integración social. La amplia adhesión de Copenhague proporciona un fundamento intercultural para esta vía de progreso, sobre todo porque la terminología de la integración social está completamente desprovista de cargas ideológicas y no se identifica con un país o grupo cultural concreto. Por lo tanto, en este sentido, las diversas dimensiones de la integración social proporcionan un útil instrumento para la realización de lo que en otros lugares ha venido en llamarse "sistema de gobierno humano". (Falk. 1995; también, Comisión sobre Gobierno Mundial, 1995).
Al pensar en las alternativas políticas en materia de integración social para el futuro próximo seria útil esclarecer algunos de los obstáculos que persisten y, posteriormente, identificar tendencias alentadoras que contribuyan a superarlos o, al menos, a disminuir su impacto. En esta afirmación de la integración social como idea normativa hay implícita una vaguedad fundamental: se puede ver como una tendencia empírica, en lo referente a la elaboración y consecución de los derechos humanos; como una propuesta práctica, en la demanda de mayor asistencia a los refugiados, y como una expectativa utópica, tal como quedó expresada en el Programa al hacer referencia a la "necesidad urgente" de "eliminar la violencia en todas sus formas." En este artículo, donde abordamos las alternativas de las políticas, el tema se centrará sólo en las dos primeras dimensiones de la integración social, tal como la idea ha quedado recogida en los documentos de Copenhague.
También habrá que tratar el objetivo adicional de identificar las alternativas en las políticas para el "desarrollo social" como un factor limitante. Debido a la preponderancia del Estado en el ámbito del desarrollo social en la mayoría de regiones del mundo, el análisis deberá centrarse necesariamente en lo que pueden hacer los gobiernos nacionales. Al mismo tiempo, una característica de esta era de la globalización es hasta qué punto la difusión de ideas normativas, así como la resistencia a esta difusión, es un fenómeno global que ejerce una influencia desigual sobre los pueblos del mundo y sus dirigentes. Además, especialmente en Europa, pero también en otras regiones del mundo, las realidades culturales ejercen una influencia creciente en el clima normativo, que a su vez configura los programas de las políticas, incluyendo la asignación de recursos destinados a facilitar los aspectos materiales del desarrollo social.
Fuente
Página web de Cholonautas.
Richard Falk es profesor de la cátedra Albert G. Milbank de Derecho y Práctica Internacional en la Universidad de Princeton. Es autor de Law in an emerging global village: A Post-Westphalian Perspective (1998) y Predatory Globalisation: A Critique (1999).
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