El Derecho a la Información en América Latina
Es un estudio legal acerca del derecho a la información en América Latina promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Compara las leyes actualmente existentes en 11 países Latinoamericanos: Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.
El texto es un aporte para diseñar o promover una legislación garantizando el derecho a la información: ¿Cómo debería el régimen de excepciones ser construido para poder apelar y apropiarse de un balance entre el derecho a saber y la necesidad de confidencialidad para proteger ciertos intereses públicos y privados clave? ¿Qué tan extensiva debería ser la obligación de publicar y diseminar información y cómo puede la ley asegurar que esta obligación se afiance en concordancia con los desarrollos tecnológicos? ¿Qué procedimientos para solicitar información pueden balancear la necesidad de acceso oportuno y económico frente a las presiones y limitaciones de recursos que enfrentan los funcionarios públicos? ¿Qué derecho de apelar deberían tener los individuos cuando sus pedidos de información han sido negados? ¿Qué medidas positivas deben ser tomadas para cambiar la cultura de secreto que prevalece en la administración en tantos países y para informar al público acerca de este derecho?
La importancia del derecho a la información o el derecho de saber es un discurso cada vez más común entre entidades de desarrollo, sociedad civil, académicos, medios de comunicación social e incluso gobiernos. Por tanto el libro busca responder qué es este derecho y cómo han tratado de hacerlo efectivo los gobiernos, en particular los gobiernos latinoamericanos.
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Transparencia en las Administraciones de Justicia
En mi país, El Salvador, hemos iniciado una Consultoría sobre Sistemas de Información para transparentar la Información. Y la Asamblea Legislativa ha comenzado a debatir varios anteproyectos de ley de transparencia y acesso a la información. Al mismo tiempo, los medios de comunicación masiva más poderosos mantienen una presión mediática para impedir que la Sala Constitucional declare inconstitucional un artículo del Código Penal, que sobreportege a los periodistas.
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