Venezuela: ¿Un estado mafioso?

La mesa estuvo moderada por Raúl Peñaranda, periodista y analista político boliviano. Los otros expositores que participaron en el panel Crisis en Venezuela fueron : Jessica Carrillo, Periodista Venezolana, experta en medios digitales e impresos; Giancarlo Fiorella, experto en periodismo digital forense, colaborador bellingcat; Roberto Deniz, periodista del medio ArmandoInfo.

Todos los poderes públicos y al menos una docena de instituciones del Estado venezolano están penetrados por actores criminales o han tenido funcionarios de alto rango involucrados en actividades ilícitas. Venezuela es muy particular porque el crimen organizado vive dentro del estado; por eso en esta investigación se presentaron muchos retos. El primero la polarización en Venezuela; fue muy difícil conseguir voces imparciales; en segundo lugar el estado no quiso hablar y en los tres años que duró la investigación solo se pudo acceder a tres funcionarios porque el resto no quisieron colaborar con los investigadores y quienes lo hicieron fue a micrófono cerrado.

Venezuela es un estado criminal mafioso y se puede probar a través de seis puntos que recoge la investigación.  

1)  El crimen organizado penetró instituciones estatales de alto nivel: durante los 3 años de la investigación rastrearon a 123 funcionarios venezolanos que se creía tenían vínculos con actividades criminales o estaban participando de alguna manera. Identificaron también las organizaciones a las que estaban vinculados estos funcionarios y descubrieron que no había ninguno de los poderes públicos de Venezuela que no estuvieran infiltrados por crimen organizado.  Construyeron un archivo de cada uno de los funcionarios y sus actividades criminales; y publicaron en el informe treinta de ellos para demostrar el nivel de penetración y la protección que tiene el crimen organizado en Venezuela. La investigación determinó que los políticos más influyentes del país están relacionados con el narcotráfico, entre ellos al diputado de la Asamblea Nacional y expresidente del mismo organismo Diosdado Cabello; la primera dama de Venezuela, Cilia Flores; el vicepresidente del país, Tareck El Aissami; y el ministro del Interior, Néstor Luis Reverol.  En la lista también figuran gobernadores de país, directivos de la estatal petrolera venezolana PDVSA, funcionarios de la fuerza de seguridad, y exmiembros del poder ejecutivo. En general menciona a funcionarios del poder legislativo, municipal, ejecutivo, regional y judicial, y que son señalados de pertenecer a la red de narcotráfico del Cártel de los Soles.  

La penetración criminal en tantas instituciones y el hecho de que estas constituyan los órganos principales del Estado en la lucha contra el crimen organizado, significa que Venezuela no puede ni siquiera detener el crimen organizado, mucho menos combatirlo con eficacia. Con tantos actores estatales con intereses en la actividad criminal, bien sea que se trate del contrabando de combustible, la venta de alimentos y medicinas en el mercado negro, o el tráfico de cocaína, solamente este factor es suficiente para considerar a Venezuela como un Estado mafioso.

2)  Evidencia de cleptocracia: históricamente la plata en Venezuela no salió del narcotráfico sino del robo de la sistemático por la poligarquía de las propias arcas del estado; habías varios ejes de eso pero sobre todo fue el control de divisas. Debido a que no hay datos confiables, lo único que podemos hacer es reconocer la magnitud de la corrupción y analizar a algunos de sus principales promotores. Uno de ellos es la falta de transparencia. Venezuela ocupa el puesto 166 de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. Si nadie sabe cuánto gana el Estado ni cómo lo gasta, no hay tampoco rendición de cuentas y, por lo tanto, los funcionarios que controlan los presupuestos pueden fácilmente desviar fondos hacia sus bolsillos o los de sus amigos. Esta cleptocracia ha sido sin duda uno de los principales factores que ha llevado a Venezuela al borde del colapso económico y a la quiebra. 

Los controles que el Gobierno venezolano estableció sobre los precios y la moneda desde febrero de 2003 fueron uno de los principales activadores de la corrupción y la cleptocracia durante el gobierno de Hugo Chávez. Y esto continúa actualmente, aunque a una escala mucho menor porque los recursos han mermado. “El sistema fue creado para que pudiera ser violentado”, dijo Alejandro Rebolledo, abogado venezolano especializado en crimen organizado, durante una entrevista con InSight Crime en Caracas. Las tasas de cambio diferenciales fueron creadas con la premisa de evitar la fuga de capitales a raíz de las huelgas generalizadas que habían conducido al golpe de Estado en 2002. Inmediatamente dieron lugar a “perversos incentivos”, según Carlos Miguel Álvarez, analista del centro de estudios venezolano Ecoanalítica. Empresas sin escrúpulos y funcionarios corruptos podían comprar dólares “baratos” a la tarifa oficial y venderlos por muchos más bolívares en el mercado negro. Los importadores “inflaron agresivamente el valor de los bienes introducidos al país, con el fin de obtener dólares estadounidenses a bajísimas tasas de cambio. A veces, incluso falsificaban los cargamentos y no importaban absolutamente nada”, según una investigación del New York Times.5 Actualmente, el sistema cambiario se utiliza para mantener la lealtad de ciertos sectores clave, que tienen acceso privilegiado a los dólares estadounidenses, lo que les permite obtener enormes ganancias. Hoy en día, el principal beneficiario es el ejército, que controla la importación y distribución de alimentos y medicinas y se beneficia criminalmente de este monopolio.

3) Delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales: las fuerzas armadas y la policía no tienen legitimidad, ellos son en algunos casos actores criminales, participando en actividad criminal, extorsionando y hasta matando gente; entonces eso es otro problema porque no hay nadie que está enfrentando el crimen organizado en Venezuela hay actores estatales y no estatales como los colectivos que son grupos irregulares, generalmente armados, que ejercen control sobre muchos barrios, principalmente en Caracas. Históricamente han disfrutado de la aprobación del Gobierno y por lo tanto de cierto grado de legitimidad, pero, en última instancia, no rinden cuentas ante nadie. Estos grupos ejercen “vigilancia policial” en sus áreas de influencia y algunos incluso proveen un sistema de justicia paralelo. Si bien inicialmente fueron financiados por el Gobierno de Venezuela, han recurrido cada vez más a actividades criminales para autofinanciarse, principalmente el narcomenudeo y la extorsión. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha utilizado a los colectivos para ejercer control social en sus áreas de influencia y para disolver las protestas de la oposición. Los pranes son los jefes criminales en el sistema carcelario de Venezuela. Durante la administración de la ministra Iris Varela, el Gobierno ha entregado a los pranes gran parte del control del sistema penitenciario, asumiendo que ellos controlan la violencia y evitan los desórdenes al interior del sistema penitenciario. El sistema de pranes ha llegado a ser tan poderoso y exitoso, que sus estructuras criminales ya operan por fuera de las paredes de las prisiones, a menudo en conjunto con las llamadas “megabandas”; estructuras criminales que ejercen el control sobre gran parte del hampa venezolana.

4) Crecimiento exponencial del crimen organizado venezolano: Venezuela no tiene una larga tradición de crimen organizado. De hecho, hasta hace muy poco eran las mafias colombianas las que controlaban gran parte del tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro, crímenes que se daban sobre todo en los estados fronterizos. Desde el principio, el régimen bolivariano adoptó una actitud extraña frente a la criminalidad. En un famoso discurso de Chávez poco después de llegar a la presidencia, él perdonaba a quienes robaban para alimentar a sus familias; sus comentarios han sido interpretados como un fomento de la delincuencia.Ha habido una serie de políticas gubernamentales que han beneficiado directamente al crimen organizado. Uno de ellos comenzó en 2013, cuando el gobierno empezó a implementar lo que se conoce como su política de “zonas de paz”. Esta política, dirigida por José Vicente Rangel Ávalos, actual alcalde del municipio de Sucre en Caracas, pretendía generar inversión social en áreas de alta criminalidad y negociar con las comunidades locales con el fin de reducir el crimen. Lo que realmente ocurrió fue que Rangel Ávalos se juntó con los líderes de las megabandas. Según algunos informes, parte de las negociaciones entre el Gobierno y las megabandas consistió en un arreglo verbal para no permitir que las fuerzas de seguridad del Estado ingresaran a ciertas zonas sin un acuerdo previo. Rangel Ávalos negó que aquello fuera cierto, pero algunos analistas y medios de comunicación informaron que el Gobierno efectivamente les había entregado el control de dichas áreas a las pandillas. Estas se convirtieron entonces en la ley de facto, y de esta manera aumentaron su confianza, poder y control territorial. La ausencia de las fuerzas de seguridad fue el factor fundamental para el crecimiento de las pandillas. Así como los pranes en las cárceles, las megabandas lograron crear un Estado dentro del Estado.

 5) Altos índices de violencia por parte de actores estatales y no estatales: aunque no se cuenta con estadísticas oficiales sobre homicidios, los datos más realistas los tiene el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Este situó a Venezuela en 89 homicidios por 100.000 habitantes durante 2017, lo que convierte a este país en el más peligroso de Latinoamérica, una región con las tasas de homicidios más altas del mundo. Caracas se sitúa como una de las ciudades más peligrosas del planeta, con una tasa de homicidios de 130 por 100.000 habitantes.De los 26.616 homicidios registrados por el OVV en 2017, 5.535 ocurrieron a manos de los organismos de seguridad, una proporción muy alta, en medio de acusaciones generalizadas por ejecuciones extrajudiciales en el contexto de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Estas son ofensivas contra la delincuencia emprendidas por el presidente Nicolás Maduro, que buscan bajar las descontroladas tasas de delincuencia. Estos operativos se han caracterizado por los altos números de ejecuciones y por acusaciones de operar bajo la premisa de “disparar primero y preguntar después”. Otro factor en los altos índices de ejecuciones estatales ha sido la respuesta autoritaria ante las protestas de la oposición. Las Naciones Unidas ya han cuestionado el alto número de ejecuciones por parte de los organismos de seguridad.

6) Exportación de la criminalidad: durante décadas, Colombia exportó conflicto y criminalidad a Venezuela, con el desbordamiento del conflicto civil del país por la frontera con Venezuela. Organizaciones narcotraficantes colombianas y facciones rivales establecieron su actividad allí, convirtiendo a Venezuela no solo en base logística, sino además en refugio y en uno de los principales países de tránsito para la cocaína colombiana. Sin embargo, con los índices de criminalidad en ascenso y el contrabando a gran escala hacia países vecinos, incluyendo muchas islas pequeñas y vulnerables en el Caribe, Venezuela se está convirtiendo en un exportador neto de criminalidad. Gran parte de esto es atribuible a la total desesperación de sus ciudadanos. Venezolanos hambrientos y sin dinero, muchos de ellos con poca educación o habilidades en demanda se han visto obligados a salir del país buscando formas de sobrevivir. Ellos son presa fácil del crimen organizado, bien sea como víctimas o como reclutas.