El mandamiento de Yurumanguí

La mesa estuvo moderada por Germán García, Cofundador y editor del medio de periodismo ambiental “Entre Ojos” e integrante del comité directivo de Consejo de Redacción. Los otros expositores que hicieron parte del panel de Investigaciones con Sello CdR fueron: Abelardo Gómez, director de La cola de rata; Óscar Parra, director de Rutas del conflicto; Claudia Báez, Cofundadora de Cuestión Pública  y Martha Elena Sánchez, periodista de Casanare Noticias. 

Esta investigación de Ivonne Rodríguez, retrata las historias de una comunidad afrodescendiente que hace 10 años tiene por mandato la resistencia a la guerra, el rechazo a los cultivos ilícitos y la defensa de su tierra y autonomía; ahora el Estado debe cumplir la sentencia que les restituyó sus derechos territoriales.

Contexto

El consejo comunitario está en la cuenca de río Yurumanguí en el pacífico. Para desplazarse a esta comunidad se llega primero al puerto de Buenaventura en el Valle del Cauca y se toma una lancha mar abierto durante una hora y luego 4 horas adentrándose por el río Yurumanguí para llegar al sitio. Esta comunidad está integrada por tres mil personas que viven distribuidas en trece veredas a lo largo del río, con un área de cincuenta y cuatro mil hectáreas que corresponde a una zona selvática.

El consejo comunitario está rodeado por otros dos ríos el Cajambre y el Naya donde también habitan otras comunidades negras que tienen conflictos muy complicados por cultivos ilícitos, narcotráfico,  minería ilegal y presencia de actores armados.

Desde 2015 esta comunidad esperaba que un juzgado tomara decisiones sobre sus reclamaciones territoriales porque habían sido víctimas del conflicto. En medio de ese desespero hicieron un crowdfunding o financiación colectiva para hacer un proyecto de veinte millones de pesos para cultivar arroz. Su angustia no solo era por suplir las necesidades alimenticias, sino que tenían muy claro que si podían cultivar arroz, blindaban su territorio del ingreso de cultivos de uso ilícito. La sentencia del Tribunal de Restitución Especializado de Cali falló a favor de la comunidad en diciembre de 2017.

El foco de la investigación quería inicialmente indagar cómo se ha cumplido la sentencia porque sobre ese territorio había una disputa con una empresa minera llamada Pacific Mines S.A.S, experta en hacer exploraciones y explotar platino; pero curiosamente  no había ningún conflicto porque la minera no logró entrar al territorio. Al contrario, tenían un proceso comunitario muy sólido de hacerle resistencia a la minería ilegal, a los cultivos de uso ilícito y al ingreso de la agroindustria. En todas las cincuenta y cuatro mil hectáreas no hay coca, no hay máquinas que estén haciendo la extracción de oro y tampoco hay cultivos extensivos como la palma de aceite. Entonces:

  ¿Cómo esa comunidad logró hacer un proceso de resistencia en un contexto tan complicado como el pacífico colombiano y teniendo esa realidad tan próxima de los dos ríos adyacentes?

La coca entró a su territorio en los años 90 y la comunidad, en medio del conflicto, logró declarar el territorio libre de esta en 2002. Pero su esfuerzo fue en vano porque entre 2004 y 2005 las matas reaparecieron y al igual que una década atrás, arrancarlas era igual a ser asesinado por los paramilitares. Una vez las AUC se desmovilizaron y el PCN recibió apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Maap-OEA) y el Ministerio del Interior, los yurumanguireños firmaron el mandato y el 9 de noviembre de 2007 hicieron la primera erradicación manual. No fue fácil. Para entonces, fóraneos se habían instalado en la parte baja del territorio a cultivar la coca.

En los siguientes años el conflicto no mermó. En 2010 el Ejército intensificó los operativos, que incluyeron sobrevuelos y bombardeos al territorio. Los que no se desplazaron por las balas, lo hicieron entre 2012 y 2015 cuando las aspersiones con glifosato sobre los ríos Naya y Cajambre llegaron hasta Yurumanguí y el químico echó a perder todos las cosechas, incluyendo el coco, el lulo y las hierbas medicinales. Las fumigaciones contra los cultivos de uso ilícito comenzaron en Colombia a finales de los años 70 y con glifosato, desde el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). A principios de los 90 el Ministerio de Salud expresó sus dudas sobre sus efectos colaterales, pero su uso se generalizó en el año 2000, con la implementación del Plan Colombia, la política antidrogas financiada por el gobierno de los Estados Unidos.

Pese a las marchas cocaleras y a la exigencia de las comunidades de planes alternativos de desarrollo, el Gobierno Nacional sólo prestó oídos en 2014, cuando en marzo la Corte Constitucional solicitó la suspensión de las fumigaciones bajo el principio de precaución; un mes después los equipos negociadores del proceso de paz Gobierno-Farc anunciaron el acuerdo sobre el cuarto punto, el de solución al problema de drogas ilícitas. Sin embargo, fue hasta octubre de 2015 que el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales coincidieron en suspender el uso del glifosato por sus efectos cancerígenos.

A Yurumanguí la amenaza de la coca volvió en 2016, cuando un grupo de 50 habitantes llamado el “Buen Vivir” expresó que deseaba sembrar la mata y permitir la minería mecanizada, a falta de oportunidades laborales. Estaban desesperados. Para esa época, ya había pasado un año desde que la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la institución creada para recibir las solicitudes de restitución y presentarlas ante un juez especializado, había radicado la demanda del Consejo Comunitario.

Siguiendo la experiencia de 2007, la comunidad convocó a una nueva asamblea para preguntarle a la gente qué pensaba de la propuesta. En octubre de 2016 los habitantes de las 13 veredas se reunieron y con cantos y declamaciones concluyeron: “Yurumanguireño que se respete, no consume ni cultiva coca”. Ante los interrogantes del grupo del Buen Vivir sobre opciones de trabajo, los líderes se comprometieron a tocar puertas institucionales para gestionar recursos. 

El primer intento no fue fácil. Cansados de recibir “no” en las instituciones, buscaron apoyo del Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali, el equipo de académicos que los acompañó en el proceso de identificar los daños causados por el conflicto y presentar la demanda ante la URT. Con el apoyo de los profesionales aprovecharon la poca conexión a internet y diseñaron una estrategia de donación de dinero, más conocida como crowdfunding. La comunidad estaba dispuesta a sembrar arroz orgánico y pensaron que con 20 millones de pesos podían sacar una buena cosecha. En abril de 2017 la plataforma digital de donación ya estaba habilitada y 30 personas donaron tres millones de pesos. Con apenas 15 por ciento del presupuesto, los yurumanguireños sembraron el cereal. Sin embargo, por falta de recursos y asistencia técnica, sembrar arroz para la venta sigue siendo solo un proyecto.

Ocho meses después los magistrados del Tribunal de Restitución de Tierras de Cali dictaron sentencia a favor de la comunidad, que en medio del proceso vino a enterarse que tenía dos opositores: la familia Dussán, que alegaba tener títulos de propiedad del año 1745 y la compañía minera Pacific Mines S.A.S, dedicada a la extracción de minerales de uranio y de torio, que señalaba haberle comprado a los Dussán en 2011. Los yurumanguireños no conocen ni al primero ni al segundo. 

La sentencia de Yurumanguí es tan importante como la Ley 70 de 1993, que reconoció la propiedad colectiva a las comunidades afrodesdendientes. El fallo impide que se pongan en marcha, por ejemplo, los permisos de concesión minera que Pacific Mines había logrado en 2013. Los magistrados son contundentes en que cualquier intervención de este tipo debe ser consultada con el Consejo Comunitario. La decisión además contiene 23 órdenes, asignándoles responsabilidades a diferentes instituciones del Estado para reparar de forma integral a la comunidad.

El fallo del Tribunal es la inspiración para los otros 12 Consejos Comunitarios del Pacífico Sur que esperan que sus reclamaciones lleguen a los despachos judiciales. Su lucha tiene que ver con la defensa colectiva por la alimentación, formas de gobierno y lenguas propias

El temor de la reactivación de la coca volvió en agosto de 2018, justo unos días antes de la reunión, cuando corrió el rumor que un yurumanguireño la había cultivado. La comunidad se reunió con la familia, le recordaron el mandato y verificaron la erradicación. Su mecanismo de prevención es la tonga, equivalente para el caso indígena a la minga, una reunión en la que el protagonista es la palabra. Allí llegan a acuerdos y hacen trabajo comunitario. Sobre una cartelera, los líderes ya apuntaron unas 10 acciones para hacerle seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Una de estas, que la comunidad debe sentarse a pensar, es qué quieren producir para comercializar. A los de El Encanto y Barranco, las primeras veredas del recorrido, les gustaría fortalecer la pesca para lograr buenas ventas en Buenaventura. Para ellos, el puerto ha sido un refugio al desplazamiento, pero también donde el rebusque tiene un precio muy alto en medio de la violencia y la pobreza.

A La comunidad le gustaría además tener su propio trapiche para no tener que comprar la panela. Así como un molino para procesar la papa china, el tubérculo base de su alimentación. En la parte alta, las veredas quieren una machimbradora para transformar la madera y trabajar el oro que barequean ancestralmente en época de verano. Por eso, el anuncio del 12 de septiembre de 2018 del presidente Iván Duque los dejó con los “pelos de punta”. El mandatario dijo que el Gobierno trabajaría en unos protocolos para reactivar el uso del glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito.